Daniel Quineche Meza.
El ejercicio de la docencia en la Educación Básica siempre se ha desarrollado al vaivén de las decisiones políticas en ciertas coyunturas.
En los años 70’, el gobierno de ese entonces tomó la decisión de reducir la jornada escolar con la finalidad de que con la misma infraestructura se pudiera atender al doble de la matrícula. Política enmarcada en la tendencia orientada por los organismos internacionales hacia la universalización de la Educación Básica con el argumento que era una demanda social el derecho a la educación, cuando en realidad era el modelo societal post guerra que requería mano de obra calificada y consumidores de la producción de las crecientes industrias manufactureras basadas en las líneas de montaje.
La consecuencia de esa medida fue el requerimiento de más maestros. Como el gobierno anterior había suspendido el funcionamiento de muchos centros de formación magisterial, la solución fue por el lado de admitir a la docencia desde egresados de la Educación Secundaria hasta profesionales de carreras no docentes. Esta medida de emergencia se dio mientras egresaban los maestros de las recién creadas Escuelas Superiores de Educación Superior (ESEP) donde con sólo tres años se podía obtener el título de maestro. Esto, a su vez, dio por resultado el incremento de los maestros intitulados, a los que el Estado se vio en la obligación de profesionalizarlos en los llamados estudios de verano. Este proceso duró cerca de un par de décadas.
Al inicio del nuevo milenio, el gobierno del momento, tomó la decisión de abrir al mercado la educación en todos sus niveles favoreciendo la inversión privada. El resultado de mayor impacto de esta medida fue el incremento de los maestros y otros profesionales titulados hasta llegar a desbordar las necesidades del mercado laboral interno.
La evaluación de los estudiantes y profesores que se impulsó por estos años dio como resultado bajos niveles de rendimiento tanto en los primeros como en los segundos, por lo que los medios empezaron a cuestionar el desempeño de los maestros y a exigir su remoción del cargo.
Como no se han realizado evaluaciones de los desempeños de los profesionales no docentes se presume que están bien preparados y es evidente que están desempleados o subempleados. Por tanto, se toma la decisión política de admitirlos en las aulas de Educación Básica con el argumento que reforzarían y asegurarían la buena calidad de la Educación Básica tan deseado. En la práctica, se trata de brindar una buena educación a bajo costo.
Estas decisiones políticas se han dado a costa de resquebrajar el marco legal vigente que regula el ejercicio de la docencia en la Educación Básica. Tanto la Ley General de Educación como la Ley de creación del Colegio de Profesores definen con claridad los deberes y derechos de los maestros.
En los Estados Unidos de Norte América, en el periodo de la postguerra se consolida la idea de formar a los maestros en las universidades. La medida comprende principalmente a los maestros para la Educación Primaria; aunque para la Educación Secundaria se admite el ejercicio de la docencia por profesionales no docentes con la condición de que tengan una formación pedagógica adicional.
En el Perú, en la misma época, por el contrario, desde la Escuela Normal Superior de Varones –La Cantuta- se impulsa la igualdad en la formación y el ejercicio de la profesión de los maestros de Primaria, Secundaria y Técnica y a nivel universitario (Doctrina Cantuta). Esta tesis se hace realidad en la década siguiente con la transformación de la ENSV en Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” por lo que la formación de maestros se realiza con el mismo nivel de exigencia de las otras carreras profesionales universitarias no docentes. Las leyes universitarias posteriores consolidan esta práctica y en muchas universidades se crean Facultades de Educación. Inclusive la Ley del Magisterio reconoce la equivalencia de los títulos profesionales que otorgan los Institutos Superiores Pedagógicos con los de la universidad.
Cada sociedad estructura su sistema educativo y su correspondiente subsistema magisterial de acuerdo con sus necesidades y proyecciones de desarrollo. El camino elegido por el Perú en esta materia es diferente al de otros países. Así por ejemplo, en España es una experiencia reciente la formación profesional de los maestros para el ciclo superior de la Educación Básica.
La medida que favorece la admisión de profesionales no docentes en la Educación Básica, desde el punto de vista pedagógico, es consonante con el modelo tradicional de educación basado en la transmisión de conocimientos y que era coherente con el modelo de industrialización de la sociedad de la post guerra.
En el siglo XXI, ese modelo societal está en proceso de transformación a la sociedad del conocimiento, que son comunidades societales en red. Esta sociedad exige otros aprendizajes y otras maneras de aprender. Tanta es la demanda que hasta los profesores universitarios de hoy están exigidos de tener formación pedagógica. El ejercicio de la docencia, además del dominio de su disciplina, le exige competencias didácticas para diseñar sus cursos, motivar a los estudiantes, comunicarse adecuadamente, facilitar el aprendizaje, acompañar los procesos de aprender, evaluar formativamente y hasta ser consejero laboral.
En la Educación Básica las exigencias de competencias pedagógicas son mayores porque lo que se aprende y la formas de aprender también han cambiado. Así hoy los estudiantes para poder participar en la sociedad del conocimiento requieren aprender competencias básicas como:
- Aprender a aprender (El maestro tiene que enseñar a aprender)
- Aprender socialmente (El maestro tiene que promover y hacer el seguimiento del trabajo en grupo)
- Comunicarse adecuadamente (El maestro tiene que preocuparse por la práctica de una comunicación asertiva y empática y que utilice todos los códigos de la modernidad)
- Practicar valores (El maestro tiene que apoyar la identificación, reflexión y práctica de los valores aceptados por la sociedad actual).
- Orientar y aconsejar (El maestro tiene que diagnosticar y prescribir sobre el aprendizaje de los estudiantes, apoyarlos emocionalmente y facilitarles estrategias para que un aprendizaje más eficaz).
En este nuevo escenario formativo poco es lo que puede hacer un bien intencionado y voluntarioso profesional no docente.
En los años 70’, el gobierno de ese entonces tomó la decisión de reducir la jornada escolar con la finalidad de que con la misma infraestructura se pudiera atender al doble de la matrícula. Política enmarcada en la tendencia orientada por los organismos internacionales hacia la universalización de la Educación Básica con el argumento que era una demanda social el derecho a la educación, cuando en realidad era el modelo societal post guerra que requería mano de obra calificada y consumidores de la producción de las crecientes industrias manufactureras basadas en las líneas de montaje.
La consecuencia de esa medida fue el requerimiento de más maestros. Como el gobierno anterior había suspendido el funcionamiento de muchos centros de formación magisterial, la solución fue por el lado de admitir a la docencia desde egresados de la Educación Secundaria hasta profesionales de carreras no docentes. Esta medida de emergencia se dio mientras egresaban los maestros de las recién creadas Escuelas Superiores de Educación Superior (ESEP) donde con sólo tres años se podía obtener el título de maestro. Esto, a su vez, dio por resultado el incremento de los maestros intitulados, a los que el Estado se vio en la obligación de profesionalizarlos en los llamados estudios de verano. Este proceso duró cerca de un par de décadas.
Al inicio del nuevo milenio, el gobierno del momento, tomó la decisión de abrir al mercado la educación en todos sus niveles favoreciendo la inversión privada. El resultado de mayor impacto de esta medida fue el incremento de los maestros y otros profesionales titulados hasta llegar a desbordar las necesidades del mercado laboral interno.
La evaluación de los estudiantes y profesores que se impulsó por estos años dio como resultado bajos niveles de rendimiento tanto en los primeros como en los segundos, por lo que los medios empezaron a cuestionar el desempeño de los maestros y a exigir su remoción del cargo.
Como no se han realizado evaluaciones de los desempeños de los profesionales no docentes se presume que están bien preparados y es evidente que están desempleados o subempleados. Por tanto, se toma la decisión política de admitirlos en las aulas de Educación Básica con el argumento que reforzarían y asegurarían la buena calidad de la Educación Básica tan deseado. En la práctica, se trata de brindar una buena educación a bajo costo.
Estas decisiones políticas se han dado a costa de resquebrajar el marco legal vigente que regula el ejercicio de la docencia en la Educación Básica. Tanto la Ley General de Educación como la Ley de creación del Colegio de Profesores definen con claridad los deberes y derechos de los maestros.
En los Estados Unidos de Norte América, en el periodo de la postguerra se consolida la idea de formar a los maestros en las universidades. La medida comprende principalmente a los maestros para la Educación Primaria; aunque para la Educación Secundaria se admite el ejercicio de la docencia por profesionales no docentes con la condición de que tengan una formación pedagógica adicional.
En el Perú, en la misma época, por el contrario, desde la Escuela Normal Superior de Varones –La Cantuta- se impulsa la igualdad en la formación y el ejercicio de la profesión de los maestros de Primaria, Secundaria y Técnica y a nivel universitario (Doctrina Cantuta). Esta tesis se hace realidad en la década siguiente con la transformación de la ENSV en Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” por lo que la formación de maestros se realiza con el mismo nivel de exigencia de las otras carreras profesionales universitarias no docentes. Las leyes universitarias posteriores consolidan esta práctica y en muchas universidades se crean Facultades de Educación. Inclusive la Ley del Magisterio reconoce la equivalencia de los títulos profesionales que otorgan los Institutos Superiores Pedagógicos con los de la universidad.
Cada sociedad estructura su sistema educativo y su correspondiente subsistema magisterial de acuerdo con sus necesidades y proyecciones de desarrollo. El camino elegido por el Perú en esta materia es diferente al de otros países. Así por ejemplo, en España es una experiencia reciente la formación profesional de los maestros para el ciclo superior de la Educación Básica.
La medida que favorece la admisión de profesionales no docentes en la Educación Básica, desde el punto de vista pedagógico, es consonante con el modelo tradicional de educación basado en la transmisión de conocimientos y que era coherente con el modelo de industrialización de la sociedad de la post guerra.
En el siglo XXI, ese modelo societal está en proceso de transformación a la sociedad del conocimiento, que son comunidades societales en red. Esta sociedad exige otros aprendizajes y otras maneras de aprender. Tanta es la demanda que hasta los profesores universitarios de hoy están exigidos de tener formación pedagógica. El ejercicio de la docencia, además del dominio de su disciplina, le exige competencias didácticas para diseñar sus cursos, motivar a los estudiantes, comunicarse adecuadamente, facilitar el aprendizaje, acompañar los procesos de aprender, evaluar formativamente y hasta ser consejero laboral.
En la Educación Básica las exigencias de competencias pedagógicas son mayores porque lo que se aprende y la formas de aprender también han cambiado. Así hoy los estudiantes para poder participar en la sociedad del conocimiento requieren aprender competencias básicas como:
- Aprender a aprender (El maestro tiene que enseñar a aprender)
- Aprender socialmente (El maestro tiene que promover y hacer el seguimiento del trabajo en grupo)
- Comunicarse adecuadamente (El maestro tiene que preocuparse por la práctica de una comunicación asertiva y empática y que utilice todos los códigos de la modernidad)
- Practicar valores (El maestro tiene que apoyar la identificación, reflexión y práctica de los valores aceptados por la sociedad actual).
- Orientar y aconsejar (El maestro tiene que diagnosticar y prescribir sobre el aprendizaje de los estudiantes, apoyarlos emocionalmente y facilitarles estrategias para que un aprendizaje más eficaz).
En este nuevo escenario formativo poco es lo que puede hacer un bien intencionado y voluntarioso profesional no docente.
(*) Artículo publicado en la Revista "Educare Hominen", 1-1, diciembre de 2011. Publicación de la Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad Nacional de Educación (ADPUNE).
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